A pesar de que en el mes de diciembre, el Gobierno no convocó el el proyecto de Ley de Empleo Público en las sesiones extraordinarias, la mañana del miércoles 04 de enero, este informó a las organizaciones sindicales que integran el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), que a partir del 09 de enero sí lo convocará para su análisis y discusión.

Ante este panorama, ANDE y el BUSSCO alertan nuevamente a la clase trabajadora a estar pendientes de la nueva estrategia que empleará el Ejecutivo, para que el proyecto cuente con el apoyo de las bancadas legislativas y lograr así su aprobación.

Como organización responsable, ANDE, dará una fuerte batalla para evitar la aprobación de este nefasto proyecto, que podría terminar de hundir a Costa Rica en un abismo de pobreza e injusticias sociales.

“De ser necesario convocaremos todos los bloques de trabajadores(as), para tomar las calles en defensa de nuestros derechos. No permitiremos que el proyecto pase”, señaló Gilberto Cascante Montero, Presidente de ANDE.

Responsables de la crisis

Nos queda claro que los principales responsables de esta crisis son los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), que durante las últimas décadas han mantenido un control casi absoluto del gobierno central y de la Asamblea Legislativa.

No obstante, el PAC en la figura del Gobierno Solís Rivera, se deja torcer el brazo y sucumbe ante las presiones del bipartidismo. Asegura el ejecutivo, que respaldará el proyecto de empleo público de la diputada liberacionista Sandra Piszk, el cual viene a precarizar por completo las remuneraciones de los(as) funcionarios(as) estatales.

La misma Piszk ha reconocido que su proyecto no soluciona el problema fiscal del país; por lo que no existe justificación técnica o legal para su aprobación. Este proyecto no es en modo alguno una solución, y parece más una encarnecida persecución contra  la clase trabajadora costarricense.

Las condiciones de vida en Costa Rica no son precisamente las más alentadoras en cuanto a igualdad de oportunidades y justicia social se refiere. El alto desempleo que se sostiene por encima  del 9%, la informalidad  laboral y las frecuentes violaciones al Código de Trabajo en el sector privado, son algunas de las condiciones que nos alertan de una Costa Rica cada vez más empobrecida y necesitada de soluciones reales en armonía con los derechos humanos.

Diputados(as) y el Gobierno han eludido entrar en una discusión seria y sensata sobre las consecuencias económicas y sociales de este proyecto. Por un lado, al reducir  el salario de los(as) empleados(as) públicos(as) se reduce al mismo tiempo la contribución tributaria que estos realizan al Estado, mediante el pago de las cargas sociales que sostienen en pie instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social.

Sumado a lo anterior, hay que recordar que al disminuir el salario de los(as) trabajadores(as) se afecta su capacidad de consumo, lo que implica un fuerte golpe al dinamismo de nuestro mercado interno.

Es decir, si este amplio sector de la población disminuye drásticamente su consumo, el pequeño y mediano empresario percibirá una disminución igualmente importante en sus ventas. Esto sólo conllevará el cierre de negocios, despidos y mayor informalidad laboral en el país.

ANDE FIRME EN LA DEFENSA DEL MAGISTERIO NACIONAL Y EL PUEBLO COSTARRICENSE

5 de enero de 2017.